domingo, 11 de noviembre de 2012

Intervención federal modelo 2012: los rechazos no conjuran los intentos

por Eduardo Ledesma
Diario El Litoral

Un senador nacional confirmó esta semana que trabaja para intervenir el Poder Judicial. El gobernador Ricardo Colombi y todo el arco político se manifestaron preocupados. Ayer habló Espínola. Otro intento desestabilizador, en clave política, que tiene tristes antecedentes en los últimos 20 años.


ZOZOBRA EN EL PODER JUDICIAL
Tengo miedo del encuentro con el pasado /
que vuelve a enfrentarse con mi vida...


“Volver”
Gardel-Le Pera

Hace dos meses El Litoral publicó un extenso informe del que participaron al menos 30 personalidades de la política, de la justicia, de los sectores sociales y eclesiásticos, referentes públicos y privados, empresarios, etc. Su participación consistió en la respuesta a una pregunta concreta del diario, que pretendía saber si la política correntina aprendió algo en estos 13 años que la separan de su peor crisis institucional desde la vuelta de la democracia. Si los dirigentes acompañaron el proceso de cambio o sólo aggiornaron sus modos.

Se decía entonces que no había fechas que obliguen el recuerdo del ‘99 correntino, ni siquiera del 2001 nacional. No obstante la intención editorial era la de determinar la riqueza del sustrato que utilizaron y utilizan algunos personajes de la política para sembrar pánico, “en clave de intervenciones federales o simplemente de presiones que reactivan el temor como catalizador del control social”. Tres aspectos de aquellas conclusiones volvieron a cobrar una actualidad desesperante a la luz de los acontecimientos de la semana: la finta de intervención al Poder Judicial sustentada por los senadores José María Roldán y Josefina Meabe.

Esto se decía el pasado 9 de septiembre: 1. ... “los modos, al menos, vuelven a repetirse. No sólo el alardeo de un manejo cuasi mafioso de la corporación (cualquiera sea) sino también las presiones y supuestos espionajes, al mejor estilo Gestapo, de lo que Corrientes supo y mucho en todo este tiempo, sin que los resultados de semejante descalabro sean los deseados”.

2. “La falta de dirigentes con volumen político y contenido técnico, el desinterés por lo público y la falta de controles en general” es lo más dañino de la evolución, que además, “no puede desprenderse del todo de las peores prácticas políticas que llevaron a la provincia a conocer el abismo en reiteradas ocasiones”. 3. “En este aspecto, algunos (de los entrevistados) llegaron a manifestar su enojo, puesto que el aguzamiento del fantasma intervencionista no es más que el modus operandi de un sector minúsculo de la política local que no tiene su correlato electoral ni mucho menos institucional”. Demás está explicar el problema si los propios actores de la vida institucional, política y social de Corrientes, tal se demostró en esa publicación, manifestaron cierto temor en cuanto al manejo de la cosa pública que hacen algunos que se desinteresan, lisa y llanamente, de las cuestiones colectivas. No cuesta entonces encontrar legisladores como Roldán o Meabe que, además de tener poco que perder, ponen en jaque a un poder del Estado al sólo efecto de generar pánico. Pues saben lo que hacen.
Puede que la intervención federal a la justicia correntina nunca llegue. Pero ambos legisladores y otros tantos que nadan como peces en el fango antisistema, saben perfectamente que la corporación judicial correntina le tiene terror al remedio federal, a la intervención. Casos ejemplificadores, poco felices, sobran. Esa sola cuestión derrite la tranquilidad que debieran tener los magistrados a la hora de emitir dictámenes. Los presiona, los condiciona, los amenaza.
Si esa fue la intención, a juzgar por algunos movimientos que ya se dieron, lo lograron.

Porqué, para qué

Avanzar un paso en el análisis demanda preguntar para qué lo hacen y porqué. Las respuestas son variadas, según donde se busquen; y de variada gravedad. Porque no es normal que alguien pretenda intervenir un poder para controlarlo en términos electorales. Tampoco lo es para salvar su pellejo y mucho menos, a través del apriete, garantizarse libertades, en veremos, por cuestiones reñidas con la ley. Ni hablar de las aspiraciones de los mesiánicos y titiriteros, que los hay, y que sueñan con reinar tripulando el poder de otros.
En cuanto a los porqué la cosa aparece más fácil. Se interviene lo que no puede encausarse en sus márgenes preestablecidos. El caso de Corrientes puede discutirse. Lo que no resiste siquiera una revisión es que se pida una intervención sin antes ocupar las herramientas correctivas que la constitución y la ley local preve claramente para cada uno de los males particulares, que supuestamente se invocan en el borrador intervencionista. Porque hay que decirlo: hasta el momento nadie conoce el proyecto en cuestión y por lo tanto no pueden analizarse sus fundamentos.
Técnicamente, el 30 de noviembre termina el tiempo parlamentario habilitado en el Congreso para hacer ingresar proyectos de esta naturaleza. Tiempo material, entonces, no habría para conseguir avales, despachos y mayorías en ambas cámaras para votar una ley intervencionista. De hecho, sin los votos kirchneristas que Roldán invocó, la especie sería casi imposible.
No obstante, el tema podría resolverse por la vía rápida: un decreto presidencial ad referéndum del Congreso.
Los antecedentes del proyecto nacional y popular en vigencia no registran intervenciones más que el caso de Santiago del Estero (en 2004, durante el gobierno de Néstor K), cuya gravedad es bien distinta a la de Corrientes.
Las herramientas existen, de todos modos. Si acompaña la voluntad política, antes de que cante un gallo Corrientes podría recibir otra intervención, una más en su larga historia. La última fue en el 99. Antes, en el 92, la Justicia se intervino por separado del resto de los poderes. Fue en épocas de Durañona y Vedia.
Pensar sólo este dato genera escozor. Han pasado ya 20 años desde entonces y las crónicas periodísticas siguen escribiendo sobre lo mismo.

EDUARDO LEDESMA eledesma@ellitoral.com.ar

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